Fernández Torrente aboga por racionalizar las tecnologías sanitarias e integrar aspectos de ética médica en toma de decisiones

La racionalización con criterios profesionales, técnicos y de ética médica, en la adopción y el uso de las tecnologías sanitarias, priorizando «los intereses de los pacientes y el erario publico sobre los de los proveedores y la industria», ha sido una de las propuestas expresadas por el vicesecretario del CGCOM, Jerónimo Fernández Torrente, durante el VI Encuentro del Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM).

En una mesa redonda sobre La Ética de la racionalización del uso de las tecnologías de la salud, en la que el doctor Fernandez Torrente participó junto a representantes de las corporaciones médicas de Argentina, Brasil y Portugal, el representante de la corporación médica española hizo esta recomendación para reducir el gasto sanitario mejorando los resultados clínicos.

El doctor Fernández Torrente inició su intervención haciendo una definición de lo que hoy entendemos por tecnologías de la salud que abarca todas las tecnologías preventivas, diagnósticas y terapéuticas que se aplican para atender a las personas sanas o enfermas, además de medicamentos, equipos y dispositivos médicos, procedimientos médicos y quirúrgicos y modelos organizativos y de apoyo necesarios para la asistencia a los pacientes, incluyendo las habilidades personales y el conocimiento necesario para su uso.

Señaló que los problemas éticos en la aplicación de las novedades tecnológicas se presentan continuamente en la práctica médica y, especialmente, en relación con tecnologías preventivas, diagnósticas y terapéuticas porque «el alto costo de estos recursos obliga a utilizarlos de manera selectiva y es entonces cuando surge el conflicto de decidir quiénes deben beneficiarse de ellos y quiénes no».

Señaló que, aunque durante los últimos quince años ha aumentado la evaluación de la tecnología en salud, es necesario mejorar el proceso de adopción de las innovaciones tecnológicas para evaluar su «utilidad, pertinencia, impacto en resultados en salud y coste» de las que están siendo utilizadas para «asegurar el uso apropiado».

Aseguró que «la consolidación de la mejor evidencia disponible» es el primer paso para evaluar con garantías una tecnología, pero dijo que existen cuestiones que, desde el punto de vista ético, habría que darles una respuesta adecuada previamente, a saber :»¿se justifica el uso de toda implementación tecnológica sin tener en consideración su seguridad, coste, calidad, oportunidad, rendimiento y efectividad?» ¿Supera la nueva técnica las que ya están en uso?, ¿se han identificado los riesgos de su aplicación a corto y a largo plazo?, ¿existe algún análisis sobre opciones alternativas que pudieran constituir una mejor versión?.

A estas cuestiones, hay que añadir también, según el vicesecretario de la corporación médica española, que «los procedimientos de evaluación y regulación varían de acuerdo con las características propias del sistema sanitario y con las políticas científicas y comerciales del país en cuestión». A menudo ?explicó- la alta tecnología se importa de otra nación mas desarrollada y se utiliza sin tener en cuenta las características locales en cuanto a la organizaciín del personal, tanto facultativo como tícnico o simplemente en cuanto a su economía, por lo que «no es de extrañar que haya dificultades de mantenimiento, que los resultados no sean enteramente satisfactorios ni comparables a los obtenidos en el país de origen y que la consecuencia sea el despilfarro de recursos».

Afirmó que, aunque en países con sistemas sanitarios de financiación mayoritariamente pública se han creado en los últimos años organismos dedicados a la evaluación de las tecnologías de la salud, en casi todos hay «cierta dispersión de actividades».

El doctor Fernández Torrente señaló algunos hechos internacionales publicados cuando hablamos de procedimientos y aplicación de tecnologías en salud, como que nunca se ha comprobado la eficacia o seguridad de más del 98% de las tecnologías no farmacológicas que se aplican asistencialmente; que las técnicas quirúrgicas no se evalúan adecuadamente, solo los productos comercializables, o que el 50% de los efectos adversos de los fármacos se desvelan después de comercializarlos.

Y, tras preguntarse cómo puede ser que esto ocurra, concluyó que «las decisiones sanitarias no se basan sólo en el conocimiento científico sino en la evidencia científica, la ética en su aplicacién, la evaluacién continua y el beneficio coste que aporta a los pacientes en términos generales hablando de equidad.

En este punto, hizo referencia a la peculiaridad española y dijo que la sistemática con la que se decide qué paga la sanidad pública «está diseñada con criterios políticos y territoriales, no científicos ni técnicos» y que «lo que se paga y no se paga, no se ajusta a las recomendaciones basadas en el conocimiento científico», con el consiguiente resultado de «ineficiencia, sufrimientos innecesarios para los pacientes y costes innecesarios para el propio Sistema Sanitario».

Explicó que en España existen dos opciones para decidir si una tecnología en salud se usa en la sanidad pública: que la decisión la tomen las comunidades autónomas, en cuyo caso el proceso tiene que repetirse 17 veces, o que se tome a nivel nacional y luego se aplique o no en el territorio de cada comunidad autónoma. En cualquiera de los casos, dijo que se trata en muchas ocasiones de «decisiones políticas, no técnicas, sin un fundamento científico riguroso » y en los casos en los que se adoptan en base a informes científico – técnicos, estos suelen ser «arbitrarios; habitualmente instrumentados, de escasa calidad científica; que suelen ser tenidos en cuenta o no y que la mayoría se mantienen secretos».

Las consecuencias de todo ello, al no existir un sistema riguroso a la hora de decidir qué tecnologías sanitarias financia el SNS y cuales no, es que «el marketing parece primar sobre la ciencia», con la consecuencia para los pacientes de «exponerlos a tratamientos inútiles y riesgos innecesarios» y «privarles de tratamientos eficaces que sí necesitan».

Afirmo que el médico ha de actuar «conforme a una noción actual y responsable de la libertad de prescripción cuando hablamos del uso de las Tecnologías en Salud ( medios diagnósticos y terapéuticos en salud ), libertad que consiste en su capacidad de elegir, entre las intervenciones disponibles, una vez realizado el correcto diagnóstico clínico, la que más conviene a su paciente, tras haber sopesado su validez y utilidad; de haber decidido, atendiendo a criterios de seguridad, efectividad y eficiencia, impacto económico, consecuencias organizativas e implicaciones éticas y sociales, la más idónea y adecuada a la circunstancia clínica concreta de su paciente y de haber obtenido de éste el necesario consentimiento».

En las conclusiones de su intervencién hizo referencia expresa a que las decisiones sobre tecnologías en salud, que constituyen un dilema ético desde el punto de vista sanitario, político, cultural y social, deben ser adoptadas sobre la base de los resultados de su evaluación para lo cual resulta imprescindible la creación de centros y profesionales independientes especializados en esta actividad.

Para el vicesecretario del CGCOM, las corporaciones profesionales médicas y las sociedades científicas deben propiciar la formación de los clínicos en la metodología de la investigación y la gestión clínica que les capacitan en los fundamentos metodológicos y de utilización responsable en el uso de las tecnologías.

Finalmente, dijo que para reducir el gasto sanitario mejorando los resultados clínicos, es indispensable, «racionalizar la adopción y el uso de las tecnologías sanitarias», priorizando «los intereses de los pacientes y el erario sobre los de los proveedores y la industria», instaurando un proceso de adopción «racional, riguroso y transparente» y ligando la financiación a resultados para «dejar de cubrir selectivamente las tecnologías inadecuadas o ineficientes y pagar las efectivas y eficientes en función de resultados».

Jerónimo Fernández Torrente realizó esta intervención en el VI Encuentro del Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM) que se celebra del 8 al 10 de mayo en Azores (Portugal) y en que 19 organizaciones médicas de España, Portugal Latinoamérica y del Caribe debaten temas de interés que afectan a la profesión médica para plantear escenarios comunes.

En el Foro Iberoamericano de Entidades Médicas (FIEM), creado hace seis años, están integradas las corporaciones médicas de España, Portugal y las 17 organizaciones médicas de Latinoamérica y del Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.